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La posibilidad de perder tu patrimonio

La posibilidad de perder tu patrimonio

El artículo 22 constitucional fue modificado en 2019 para adicionarle la denominada figura de “extinción de dominio”, expidiendo posteriormente la Ley Reglamentaria correspondiente denominada Ley Nacional de Extinción de Dominio abrogando la Ley Federal de Extinción de Dominio y las leyes locales de la materia.

Las interrogantes son: ¿qué es la extinción de dominio?, ¿en qué casos se aplica? y ¿qué se hará con los bienes?

Pues bien, la Extinción de Dominio es la pérdida de los derechos que tenga una persona en relación con los bienes, declarada por sentencia de la autoridad en un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo del procedimiento penal, sin el pago de contraprestación, ni compensación al propietario, poseedor, o a quienes se ostenten o comporten como tales.

La acción será ejercitada por el Ministerio Público en los casos en que los bienes se encuentren relacionados con las “investigaciones derivadas de” actividades delictivas como corrupción, delincuencia organizada y otros; a su vez, la delincuencia organizada implica la realización de delitos como terrorismo, acopio y tráfico de armas, tráfico de personas o de órganos, defraudación fiscal, y a quienes enajenen, compren o adquieran comprobantes fiscales por montos determinados y no pueda acreditarse la legítima procedencia de los bienes, lo que implica comprobar tanto el origen u obtención, así como el uso o destino de los mismos.

Los bienes serán destinados al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, organismo descentralizado de la administración pública federal, y podrán ser vendidos de manera anticipada en ciertos casos.

Es suficiente que los bienes se encuentren relacionados con “investigaciones” para que sea aplicable esta acción, en un procedimiento independiente al que sigue el delito, disposición contradictoria del derecho de “presunción de inocencia”, reconocido en la Constitución y en tratados internacionales de Derechos Humanos suscritos por México, genera otros efectos como vulnerabilidad e inseguridad jurídica respecto de la propiedad privada.

Es importante que los ciudadanos cuenten con evidencia de la procedencia de los bienes, verificar que los contratos que otorgan el uso o goce temporal de bienes contengan cláusulas que les permitan, de ser posible, deslindarse de posibles actos cometidos por los usuarios, sin embargo, será necesario estar informado de las actividades y uso que se le da a dichos bienes, y como última opción ejercer medios de defensa correspondientes en caso de ser afectado.


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  1. Aleck

    6 julio

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